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El Tribunal de Cuentas condena al alcalde por anomalías contables
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El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, tendrá que responder del pago de 7.213 euros al Ayuntamiento después de que el Tribunal de Cuentas lo considere responsable de anomalías contables en las arcas municipales, detectadas y denunciadas el año pasado.
Según el tribunal, se han ocasionado perjuicios a los caudales públicos del Consistorio y su único "responsable directo" es el alcalde, que tendrá que responder también de las costas del proceso, aún no cuantificado.
Las anomalías confirmadas por el tribunal se remontan al año 2002, cuando el alcalde de Palos nombró a A.P.A. asesor personal de la Alcalía para el departamento de Seguridad Ciudadana que, cuando ya estaba en pleno ejercicio del puesto solicitó dos anticipos de la nómina a cuenta de las retribuciones correspondientes al mes de septiembre, por importe de 4.207 euros -de fecha de 30 de agosto de 2002- y un segundo anticipo por otros 3.006, sin que -subraya el TC-respecto a la última de las solicitudes conste la fecha en la que el asesor lo pidió.
Un mes después de que Romero realizara, por decreto, el nombramiento, otro decreto de Alcaldía aprobó u ordenó realizar el pago de anticipo a cuenta de la nómina de septiembre, por importe de 4.207 euros y el 30 del mismo mes se expidió el mandamiento de pago por conceptos no presupuestariopor el importe referido a favor de A.P. A..
Al mes siguiente, se repitió lo mismo, volvió a expedirse un mandamiento de pago por conceptos no presupuestarios (esta vez por la cuantía de 3.006 euros) en concepto de anticipos de haberes de la mensualidad y el asesor de Seguridad recibió el dinero mediante transferencia bancaria.
Cuando llegó el mes de octubre, A. P.A. fue nombrado, por decreto del alcalde, subinspector jefe de la Policia Local de Palos de la Frontera por libre designación, tomando posesión del cargo en la fecha de 9 de octubre de 2002.
Al año siguiente, en las nóminas de los meses de abril y mayo de 2003, constan como devengo la cantidad de 3.006 euros (dos veces consecutivas) por el concepto de atrasos y como deducciones la misma cantidad por el concepto de anticipo mensual, hechos que se denunciaron al Tribunal de Cuentas.
El mismo departamento de Intervención del Ayuntamiento de Palos evacuó un informe en el que se daba cuenta de los anticipios y señalaba textualmente que "en enro de 2003 fue detectado error administrativo, consistentes en no haberse emitido las nóminas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2002 de A.P.A., no constando en la contabilidad municipal de los referidos meses, el pago de las mismas".
El órgano encargado de velar por los caudales públicos, que recibió la denuncia de la organización sindical CSI-CSIF, señala que aunque los anticipos a nómina del asesor fuero regularizadas a lo largo del ejerccio 2003, "lo cierto es que se trataba del pago de unas nóminas que no estaban previstas en el Ayuntmaiento" , a lo que añade que "queda claro que la salida de fondos públicos se produjo en el 2002 y que en el año siguiente sólo se hicieron unos cargos y debes ficticios para regularizar contablemente los anticipos concedidos" .
El Pleno debe aprobar las retribuciones
El Tribunal de Cuentas, sin entrar a valorar la legalidad o no del nombamiento de A. P. A. , subraya que si bien el alcalde tiene competencia para ordenar el pago de retribuciones en materia de personal, la cuantía de las mismas tiene que haberlas fijado el Pleno de la Corporación, algo que no se da en este caso ya que en los presupuestos municipales no está previstra cantidad alguna para el cargo del asesor de Seguridad Ciudadana ni tampoco se realizó en el mismo ejercicio una modificación presupuestaria para incluirlas conforme a los trámites legalmente previstos.
Subraya el Tribunal de Cuentas que "se ha proeducido un daño para los caudales públicos del Ayuntamiento de Palos de la Frontera por importe de
7.213 eruos como consecuencia de haberse pagado dos anticipios con cargo al presupuesto de 2002, cuando no existía previsión presupuestaria para el pago de estas nóminas al no haber sido aprobado por el Pleno municipal que con cargo a estos presupuestos debían satisfacerse honorarios del puesto eventual de asesor".
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Rosa Font
Huelva Información, 7 agosto 2006
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El Tribunal de Cuentas investigará los 300 contratos irregulares denunciados en Palos
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LUCÍA VALLELLANO - Huelva
EL PAÍS - 07-04-2006
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El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda presentada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) en la que acusa al alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero (PP), de realizar desde 2003 un total de 300 contrataciones irregulares en el Ayuntamiento. El sindicato ha calculado que el equipo de Gobierno ha podido gastar en esos contratos "ilegales" unos 40 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas insta en el auto a que "se trasladen las presentes actuaciones a la sección de Enjuiciamiento a los efectos de que por ésta se proponga a la Comisión de Gobierno de este tribunal el nombramiento delegado instrucción", al objeto de que se investigue este asunto.
El tribunal justifica la designación de ese delegado instructor en el siguiente argumento: "En el momento actual, este órgano no puede pronunciarse sobre si en las actuaciones de gestión hubo o no perjuicio económico y, por ello, procede que por el delegado instructor se proceda a realizar las diligencias previstas en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas".
El presidente del sector de Administración Local del CSI-CSIF, Nicolás Orta, afirmó ayer que el sindicato viene denunciando desde 2003 "el abuso de la contratación laboral temporal en el Ayuntamiento de Palos, especialmente respecto a la ausencia absoluta de procedimientos selectivos previos". Orta indicó que "esos contratos no responden a plazas de la plantilla ni a la cantidad que se prevé en los presupuestos". Y añadió: "este Ayuntamiento ha estado funcionando de forma anómala y su principal responsable, el alcalde".
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El TSJA obliga al Ayuntamiento de Palos de la Frontera a intervenir en una obra ilegal en Mazagón
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EP - Huelva
EL PAÍS - 03-04-20
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) a "restablecer la legalidad" en las obras de construcción de chalés que la empresa Gibrapark construye en la playa de Mazagón. En su resolución, el TSJA ratifica el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva, dictado en junio de 2005, rechaza el recurso del Consistorio y, además, impone una multa de 150 euros al alcalde, Carmelo Romero (PP), como "responsable último de la no ejecución de esta sentencia".
El juzgado onubense dio un plazo de diez días al Ayuntamiento de Palos para ejecutar la sentencia que le obligaba a velar por la "legalidad" y, en caso de que la empresa no procediese a la orden, tendría que "ser ejecutada por el Consistorio como responsable subsidiario". No obstante, este auto, como ocurriera con diferentes órdenes en este sentido en los años 2003 y 2005, fue recurrido por el Ayuntamiento de Palos.
El tribunal andaluz expone que "la secuencia de las actuaciones desapodera por completo el recurso de apelación del Ayuntamiento, de suerte tal que, si al Juzgado cabe reprochársele algo, es la tardanza en haber dictado la resolución". A juicio del TSJA, resulta "inaceptable la dilación y la renuncia de la autoridad administrativa en la obstaculización del cumplimiento de la sentencia, en una actitud que choca frontalmente con el mandato constitucional de respeto a la potestad jurisdiccional, de hacer ejecutar la sentencia" y destaca lo "inaudito de un recurso contra el auto del tribunal onubense, que parece imprimir aún más dilación al cumplimiento del auto".
Casos similares
Con estos argumentos, el tribunal andaluz desestima "íntegramente" el recurso del Ayuntamiento de Palos y ordena que se proceda "de inmediato al cumplimiento de lo acordado", además de imponer el pago de las costas a la institución onubense. Según algunos vecinos de Palos, este caso "no es el único que se da" en la playa de Mazagón. Carmen Gómez denunció junto a otros vecinos la edificación "ilegal" ante los tribunales de un chalet por la empresa Zíngara de Construcciones en la parcela Valdemorales, "por no cumplir con los requisitos establecidos de altura y volumetría, entre otros". Esta denuncia fue ratificada y en ella se personó la Junta de Andalucía.
Este caso se remonta a 1997, aunque el Ayuntamiento de Palos emitió un decreto en 2001 por el que ordenaba la paralización de estas obras de las que sólo estaba el esqueleto del chalet, que "nunca se cumplió" porque "las obras continuaron e incluso el propietario mora en la vivienda desde 2003". El TSJA dio al Ayuntamiento un plazo de diez días para "hacer cumplir el decreto de 2001 y derribar el chalet".
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Una juez cita a Carmelo Romero como imputado en un presunto delito de prevaricación
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moguer admite a trámite la querella presentada por la Policía Local contra Romero.
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El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Moguer (Huelva) ha admitido a trámite la querella interpuesta por toda la plantilla de la Policía Local de Palos de la Frontera (14 agentes), contra el alcalde, el popular Carmelo Romero. En la querella le acusan de cuatro presuntos delitos: prevaricación, usurpación pública, conculcar el derecho de los trabajadores y desobediencia a la justicia, según recoge el auto con fecha de 30 de enero. Carmelo Romero ha sido citado a declarar por el juez el 20 de febrero.
El gobierno local declinó hacer ningún comentario sobre la denuncia y un portavoz dijo que no se iban a hacer declaraciones.
Los agentes denuncian que el alcalde ha emprendido una "persecución" contra ellos "obligándoles a realizar turnos de trabajo en lugares apartados y sin utilidad alguna, como un escombrero o la depuradora municipal de aguas, a hacer rondas a pie o dejados sin función, sin motivo alguno", según consta en la querella. Por el contrario, las labores de la Policía Local la desempeñan actualmente vigilantes que no cumplen los requisitos legales y sin titulación.
Julián Fernández, uno de los agentes querellados, afirmó ayer que la decisión de acometer esta actuación judicial viene motivada por el hecho de que la situación de los efectivos "se había hecho insostenible". Fernández señaló que las represalias adoptadas contra los agentes afectaban ya a su propia "integridad física y psíquica".
Nos está haciendo la vida imposible y ha hecho que quedemos ante los ciudadanos como unos golfos y unos criminales, nada más lejos de la realidad", señaló este policía.
Los agentes argumentan que el origen de esa "persecución" tiene que ver con las reivindicaciones laborales que el colectivo llevó a cabo desde 1995, en las que trataba de negociar con el alcalde la revisión del convenio laboral de 1992. Las negociaciones se rompieron y en 2003, los agentes, constituidos en asamblea, se encerraron en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palos.
Esa protesta acabó con el abandono voluntario por parte de los policías de la protesta, ante la orden de desalojo por parte de Carmelo Romero. Estos agentes consideran que a partir de ese encierro, el regidor comenzó "a tomar una serie de represalias contra todos los integrantes de la Policía Local que se suceden hasta la actualidad".
El abogado, José Faustino de la Banda, explicó que el trasfondo de la querella "reside en entrar en el fondo de la persecución y en la actitud adoptada por el alcalde contra la Policía Local por una protesta legítima". Y añadió: "Queremos que el juez aclare si los hechos que denunciamos son constitutivos de delito".
José Faustino de la Banda remarcó que "las represalias van a más y este hecho está generando un cúmulo de tensión entre el colectivo que afecta a sus familiares. Hay un trasfondo social bajo la querella", indicó el letrado.
El abogado destacó el reiterado incumplimiento del alcalde respecto a sentencias judiciales. De ahí que hayan incorporado en la querella el posible delito de desobediencia a la justicia.
En el escrito se hace referencia a las sentencias dictadas por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Huelva y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que instaban al alcalde a reponer en sus funciones al jefe de la Policía Local que había sido depuesto mediante decreto municipal. Y añade: "A pesar de los fallos judiciales el querellado ha hecho caso omiso de las mismas".
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LUCIA VALLELLANO - Huelva
EL PAÍS 03-02-06
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EL PSOE de Palos exige que la policía vuelva a sus funciones
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El secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Palos de la Frontera, Guillermo Molina, ha exigido al Alcalde del PP, Carmelo Romero, "que cumpla con la legislación vigente y vuelva a encomendar, por la seguridad de los ciudadanos, las funciones que corresponden a los policías locales".
Guillermo Molina ha tachado de "inadmisible y esperpéntica" la situación que se está viviendo en el municipio, en la que se está jugando con la seguridad de los ciudadanos, "sólo porque un alcalde decide, en una actitud antidemocrática, que los policías presten otros servicios innecesarios en escombreros, cementerio, o en otros lugares, mientras que en las calles hay vigilantes que utilizan uniformes y los vehículos de la policía local, pero que no tienen ejercicio de autoridad ni pueden sustituir las funciones propias de la policía local.
Molina ha manifestado que "es inadmisible la persecución que realiza el Alcalde de Palos a los funcionarios y personal laboral fijo del Ayuntamiento, a través de expedientes disciplinarios, suspensión de empleo, cambios de puestos de trabajo, vulneración de derechos fundamentales e incumplimientos de sentencias judiciales firmes, en las que se declara la nulidad de las modificaciones de las condiciones de puestos de trabajo impuestas por la Alcaldía".
Por todo ello, el PSOE exige al Alcalde que cumpla con su obligación y con las sentencias judiciales y que, por tanto, reponga los trabajadores en sus anteriores puestos.
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